Los padres de Adaline, que tienen vínculos familiares con el vicepresidente JD Vance, solicitaron una exención religiosa, argumentando que las vacunas iban en contra de sus creencias cristianas protestantes. La madre de Adaline expresó su decepción, sintiendo que la decisión del hospital priorizaba las políticas sobre la vida de su hija.
Los padres de Adaline basaron su decisión de no vacunar a su hija en lo que describieron como una guía del “Espíritu Santo” y preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas. Sin embargo, el Hospital Infantil de Cincinnati defendió su política, argumentando que los pacientes de trasplante requieren vacunas debido a su mayor riesgo de infecciones.

El hospital enfatizó su responsabilidad de maximizar las posibilidades de éxito de los trasplantes, especialmente considerando el estado inmunocomprometido de los pacientes trasplantados.

La negativa del trasplante a Adaline ha generado un debate sobre el equilibrio entre las creencias religiosas, las políticas hospitalarias y la prioridad de la salud del paciente. Expertos médicos, como la Dra. Camille Kotton, respaldan la política del hospital, subrayando la importancia crítica de las vacunas para prevenir infecciones potencialmente mortales en pacientes inmunocomprometidos.
La situación ha llevado a la familia a buscar alternativas, incluyendo la creación de una página de GoFundMe que ya ha recaudado más de 50,000 dólares para el trasplante.

En respuesta a la situación de Adaline, la representante republicana Jennifer Gross de Ohio está trabajando para promover una legislación que prohíba la negación de atención médica a niños basada en su estado de vacunación.